Consultorio Jurídico UV solicita revisar condenas dictadas por consejos de guerra de Valparaíso
Causas son parte del programa “Prácticas Judiciales en delitos de Lesa Humanidad 1973-1990” de la Clínica de Derechos Humanos.

El Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a través de su Clínica de Derechos Humanos, presentó recientemente siete acciones de revisión que buscan dejar sin efecto sentencias condenatorias emitidas por consejos de guerra constituidos en Valparaíso en contra de trece personas. La iniciativa se enmarca en el programa “Prácticas Judiciales en delitos de Lesa Humanidad 1973-1990”, que se inició en 2019.

La presentación de recursos se concretó gracias al convenio generado entre el Consultorio Jurídico y el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) a los afectados por violaciones a los Derechos Humanos.

Inés Robles, coordinadora del Consultorio Jurídico, explicó que “la presentación de las acciones de revisión permitirían que la Corte Suprema anule las sentencias que son dictadas en los consejos de guerra, en atención a que no existía la prueba que se utilizó para condenar a nuestros usuarios, la que fue obtenida mediante la tortura tanto de las personas que fueron sindicadas en la comisión de delitos inexistentes como de los supuestos testigos de los ilícitos a los que se aludía en los consejos”.

“Las acciones fueron preparadas íntegramente por la egresada Laura Romero, que hizo el programa de formación en delitos de lesa humanidad el año pasado. Ella realizó un trabajo detallado y ejemplar de análisis de jurisprudencia y revisión de antecedentes, y contó con la colaboración y revisión final del profesor Felipe Gorigoitía. Para nosotros es muy importante ir concretando en acciones judiciales la formación que recibieron los estudiantes y hacer una defensa efectiva de los derechos fundamentales”, aseguró.

Según explicó Laura Romero, “las acciones de revisión presentadas se fundan principalmente en la violación sistemática de derechos humanos de la que fueron víctimas nuestros representados en los procedimientos que terminaron con sentencias condenatorias en su contra. Dichas violaciones se verificaron desde el momento de su detención y se extendieron hasta después de la ejecución de la pena. Las violaciones de derechos humanos señaladas se refieren al sometimiento de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y a la inobservancia de garantías mínimas que integran el derecho a un debido proceso, como el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, el derecho a una defensa técnica, entre otros”.

El recurso invoca lo constatado por diversos informes elaborados por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, resoluciones judiciales emitidas por el Poder Judicial en el último tiempo que acreditan hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado a partir de 1973, específicamente en Valparaíso, y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros versus Chile, por el que condenó al estado por la violación del derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno luego de que la Corte Suprema de nuestro país no acogiese la acción de revisión presentada por un grupo de personas en un caso muy similar a éste.

Colaboración y compromiso del Consultorio Jurídico UV

Alfredo Saieg y María Cristina Fuentealba, parte de los representados, explicaron que llegaron al Consultorio Jurídico UV a través de la psicóloga de PRAIS María José Jorquera, como alternativa tras contactarse con abogados y presentar querellas.

“Nuestra intención era solicitar representación jurídica para presentar acciones de revisión ante la Corte Suprema y demandas civiles contra el estado por reparación integral del daño causado por los procesos, en virtud que, a nuestro modo de ver y más allá de las responsabilidades individuales que buscan juzgar las querellas, existe una responsabilidad de instituciones como la Armada y el estado de Chile, toda vez que las violaciones de derechos humanos se dieron en contexto de terrorismo de estado destinado al amedrentamiento de la población, utilizando para su implementación el conjunto del aparato del estado y sus instituciones”, añadieron.

Detallaron que en el Consultorio Jurídico “accedieron a representarnos sin costo en la presentación de dichas acciones, lo que fue muy importante ya que los trámites tienen costos significativos, los cuales no estábamos en condiciones de volver a solventar. Con María José Jorquera y la egresada de Derecho Laura Romero acordamos un plan de acción para llevar a cabo esta iniciativa, lo cual resultó ser un arduo trabajo conjunto, en el que destaca la dedicación y entrega de ambas. Logramos reunir los antecedentes de trece personas, redactar los recursos de revisión y presentarlos ante la Corte Suprema. Se trata de siete procesos de cerca de 41 realizados en Valparaíso por la Armada”.

“Las labores se desarrollaron en un marco de colaboración y compromiso de profesores, estudiantes y la coordinadora, lo cual valoramos, porque nos abrió la posibilidad de conseguir algo de justicia, vencer en parte la impunidad que en gran medida ha rodeado las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y contribuir a la memoria histórica del pueblo chileno”, subrayaron.

“Tenemos la convicción que la Corte Suprema fallará favorable en la revisión de los recursos, como en otros anteriores, porque para nosotros es necesario dejar en claro ante la sociedad que fuimos ilegítimamente condenados, que la difícil experiencia vivida de cárcel, represión y en muchos casos de muerte, fue producto de quienes en forma ilegal asumieron, sin derecho alguno, los destinos de Chile y los chilenos, la dictadura cívico militar. Y en nuestro caso, en Valparaíso, buscamos dejar claramente establecida la participación institucional de la Armada de Chile en estos hechos”, aseguraron.

Aprendizaje y reflexión

Laura Romero indicó que “ha sido un importante proceso de aprendizaje y de reflexión. El trabajo en derechos humanos y el trato y entrevista con personas que fueron víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos obliga a generar cualidades que escapan a lo jurídico y se vinculan con la empatía y el compromiso. Desde el punto de vista técnico, este tipo de causas realzan la importancia del derecho internacional de derechos humanos y el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hoy podemos celebrar la interposición de acciones es por la lucha en búsqueda de verdad, justicia y reparación integral de agrupaciones de derechos humanos y el trabajo de abogados que han llegado hasta un tribunal internacional para que el Poder Judicial anule sentencias pronunciadas en base a tortura y procedimientos que no pueden calificarse de tales”.

“Este trabajo me ha producido sensaciones encontradas. Alegría de contribuir a la construcción de verdad, justicia y reparación integral en el caso de trece personas; y tristeza, decepción y molestia, al reafirmar que a más de cuarenta años de sucedidos estos hechos aún no podamos hablar como país de estos conceptos. Lo anterior es grave y funda en parte la cultura institucional y social poco respetuosa de los derechos humanos en que vivimos y que hemos sufrido en respuesta del poder ejecutivo, judicial y las fuerzas policiales y militares a las manifestaciones producidas en Chile desde el 18 de octubre del año pasado”, añadió.

Publicado lunes 27 de julio de 2020
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