Académicos analizaron necesidad de consagrar los derechos sociales en una nueva constitución
Christian Viera y Domingo Lovera Primera fueron los expositores en primera sesión de curso abierto.

Bajo el título “Estado social y derechos sociales” y con un amplio marco de asistentes vía online se desarrolló la primera sesión del curso abierto “La Constitución que queremos: ideas para una nueva Constitución para Chile”, que contó con las exposiciones de los académicos Christian Viera (Universidad de Valparaíso) y Domingo Lovera (UDP). La encargada de entregar las palabras introductorias fue la docente Paz Irarrázabal (Universidad de O’Higgins).

Paz Irarrázabal inició la actividad explicando que “hoy vamos a pensar en las condiciones materiales para una vida digna o para construir una concepción social de la ciudadanía. Hablaremos sobre una igualdad sustantiva, que supere las nociones formales de igualdad que conocemos en declaraciones, pero pareciera que se mantienen indiferentes a nuestras experiencias cotidianas”.

“Tenemos que preguntarnos qué podemos esperar si es que consagramos los derechos sociales en nuestra constitución, cómo puede impactar en nuestras vidas cotidianas y cómo se relacionan estos derechos con la libertad. Hay que pensar qué obligaciones tendrá el parlamento y el gobierno, y qué podemos hacer como ciudadanía para demandar la efectividad de los derechos”, cerró.

Domingo Lovera: reconocimiento de derechos sociales como condición para la igual ciudadanía

Domingo Lovera se refirió inicialmente al “Constitute proyect”, que analiza constituciones vigentes en el mundo, indicando que “cuando uno discute en el constitucionalismo comparado de derechos sociales estamos conversando sobre un asunto ya abordado. De 49 constituciones vigentes, hay en la mayoría derechos sociales ya incorporados. Los derechos sociales están mucho más presentes en las constituciones que se han venido aprobando e implementando en los ‘90, principalmente de 1996 en adelante. La regla general es que los países del mundo exhiben un reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales, salvo Estados Unidos y algunos países caribeños. Hay una variedad de derechos económicos, sociales y culturales, es decir, diferentes formas en las que estos derechos han sido reconocidos en las constituciones, y esto implica que no hay un solo set”.

“La mejor forma de plantear la discusión es abordando la inclusión y el reconocimiento de derechos sociales como una condición para la igual ciudadanía. Lo que tenemos hoy es una desigualdad estructural que trae una serie de perjuicios para la democracia. La pregunta es si es relevante el índice de desigualdad que tenemos hoy día para el éxito, legitimidad y estabilidad de los regímenes democráticos. Mi propuesta es afirmativa: Macchiavello decía que tener una sociedad corrompida es un caldo de cultivo propicio para la destrucción de la libertad y de la república. Si uno vincula el hecho de que tenemos una desigualdad estructural, donde un grupo de personas la pasa bien y otro mal, lo que tenemos son problemas de inclusión y para el régimen democrático, y creamos escalas de ciudadanía”, añadió.

Frente a la desigualdad estructural, explicó que se puede abordar “por medio del mercado y los contratos, es decir, que cada uno pueda proveerse de sus necesidades por medio de su intervención en el mercado y con lo que uno pueda pagar; o a través de la intervención del estado y el derecho”

“El constitucionalismo ofrece dos grandes modelos de derechos, que son por los que yo creo que tenemos que optar en la discusión que viene en adelante: constitucionalismo del status quo, orientado a mantener la situación, que entiende que el estado y el derecho no tienen nada que hacer allí y en el que los derechos sociales por regla general aparecen revestidos en condición de mínimos a los cuales puede accederse; y el constitucionalismo transformador, que mira las prácticas y relaciones existentes en el panorama político, social y económico con la intención de superarlas, y se encarga de crear un espacio común para el desarrollo de una igual ciudadanía hacia una comunidad mediada institucionalmente. ¿Cuál constitucionalismo queremos? Es la pregunta que tenemos clavada en el proceso que se está desarrollando”, indicó.

Christian Viera: estado social como fórmula en la constitución que queremos

Christian Viera inició su exposición indicando que “se sostiene que los derechos sociales por su carácter prestacional dependen de las circunstancias históricas en que se despliegan de acuerdo a la capacidad económica del estado, pero no es así. Se trata más bien de opción política incluso en circunstancias de escasez. Ocurre con el caso del “New Deal” impulsado por Roosevelt como una reacción política a la crisis económica de los ‘30, cuando el estado social interrumpe como fórmula política tras la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción impulsada gracias al Plan Marshall no solo es inyección de inversiones en obras públicas, sino que también es una opción política que garantiza la paz y mejores condiciones de igualdad material para los ciudadanos”, explicó.

Detalló que “el estado social como fórmula política lo que hace es responder al problema de la desigualdad. En este contexto, sobre todo tras octubre de 2019, parece que todo esto a nosotros nos resulta evidente, pero teníamos esta discusión académica hace años y estos diagnósticos estaban ausentes de nuestra visión constitucional. El problema de la desigualdad material se impulsa gracias a la protesta social”.

“Como dice Domingo Lovera en ‘La Constitución que queremos’, los derechos sociales apuntan a concretar el ideal de ciudadanía como una forma de pertenencia igualitaria, y para ello los derechos sociales asumen la labor de contribuir a eliminar las brechas de membresía a la comunidad política y no pueden aparecer como subsidios caritativos que se ofrecen a ciertas personas. No solo se trata de proveer servicios, sino que además un desarrollo y profundización de la ciudadanía”, añadió.

Explicó que el hecho de que la cláusula estado social se encuentre en la constitución “excluye una interpretación radicalmente individualista de los derechos fundamentales. Pero, además, la apertura de los conceptos unida a una lectura dinámica de la sociedad permite que la interpretación pueda adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales, políticas o económicas y evitar el peligro de una petrificación del derecho”.

“En octubre se va a celebrar un plebiscito para preguntar al pueblo de Chile si aprueba cambiar o no el texto constitucional. Llegamos a este punto porque en octubre de 2019 surge un movimiento social que reclama sobre las estructuras que fundan el modelo de desarrollo chileno, heredado de la dictadura militar y profundizado en democracia. Uno de los eslóganes es que no son 30 pesos, son 30 años. El alza de 30 pesos en el transporte del Metro de Santiago es la causa desencadenante, pero hace años se estaban incubando las razones que iban a generar un estallido, y las podemos sintetizar en una idea: injusticia y desigualdad en las condiciones materiales de existencia. Estamos ante la posibilidad cierta de constitucionalizar una nueva fórmula política que impactará a la ley y la administración: Chile es un estado social y democrático de derecho”, cerró.

La segunda sesión del curso abierto "La Constitución que queremos: ideas para una nueva Constitución para Chile" se realizará el 10 de agosto desde las 19 horas, y participarán Luis Villavicencio (Universidad de Valparaíso) y Yanira Zúñiga (UACh). La actividad llevará por título "Estado plurinacional, género e igualdad" y moderará Nicole Selamé (Universidad de Valparaíso). Se transmitirá a través del Facebook Derecho Universidad de Valparaíso.

Publicado jueves 6 de agosto de 2020
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